Comprar una vivienda es una de las decisiones financieras más importantes que una persona puede tomar. En el proceso, los compradores se enfrentan a una gran cantidad de cálculos, cuentas y negociaciones con el objetivo de que todo cuadre económicamente. Cualquier oportunidad de ahorro es bienvenida, pero es esencial recordar que cualquier intento de evitar los compromisos contractuales, como el pago de honorarios, puede tener consecuencias legales graves.
Este fue el caso de dos vecinos de Chiclana, quienes intentaron evitar el pago de la comisión a un agente inmobiliario durante la compra de un chalet, lo que finalmente les ha costado mucho más de lo que pretendían ahorrar. El caso comenzó con una sentencia a favor de los compradores, pero tras un recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Cádiz ha revocado dicha decisión, obligándolos a pagar 4.235 euros más intereses al agente.
El conflicto surgió cuando el agente inmobiliario, quien mostró la vivienda a los compradores el 20 de febrero de 2020, firmó un acuerdo con ellos, reconociendo sus honorarios como un 3% del valor de la compra, con un mínimo de 2.000 euros. Aunque la compra de la vivienda se formalizó más de 12 meses después, en marzo de 2021, los compradores intentaron negociar directamente con el vendedor, evitando así el pago de la comisión.
En primera instancia, el Juzgado de Chiclana falló a favor de los compradores, argumentando que el acuerdo había expirado. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Cádiz determinó que el documento firmado tenía la naturaleza de un contrato vinculante y que las circunstancias excepcionales de la pandemia, que suspendieron muchos plazos legales, permitían extender el periodo de validez del acuerdo.
Este fallo es un recordatorio de que los contratos con agentes inmobiliarios son vinculantes y deben ser respetados, incluso si los compradores tratan de evitar el pago de comisiones una vez expirada la vigencia inicial del acuerdo. La Audiencia ha dejado claro que la suspensión de plazos durante el estado de alarma debe ser tenida en cuenta al evaluar la validez de estos acuerdos.
El intento de “puentear” al agente inmobiliario ha terminado saliendo caro para los compradores, quienes no solo deberán pagar los 4.235 euros de comisión, sino también los intereses acumulados y las costas judiciales. Esta situación subraya la importancia de actuar dentro del marco de la legalidad y de respetar los acuerdos contractuales en cualquier transacción inmobiliaria.
Este caso sirve de advertencia tanto para compradores como para vendedores: los intermediarios desempeñan un papel crucial en la compraventa de propiedades, y sus servicios, cuando están documentados, deben ser compensados según lo pactado.
Fuente: El diario de Cádiz